Ciudad de México, 13 de febrero.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó la discusión sobre la violación de garantías durante los operativos policíacos de mayo de 2006 en San Salvador Atenco. Luego de siete sesiones, lo novedoso fue la inclusión en el dictamen de tres pronunciamientos.

Uno de ellos señala que la actividad irregular de los policías podría dar lugar a indemnización y reparación a las víctimas por responsabilidad del Estado, prevista en el artículo 113 de la Constitución, lo cual debe reclamarse por las víctimas ante los tribunales.

Otro pronunciamiento es para que autoridades federales y mexiquenses profundicen las investigaciones para sancionar a los culpables de abusos y agresiones, que casi tres años después no han sido aclarados.

Además definió incluir criterios orientadores sobre el uso racional de la fuerza pública, un tema que varios Ministros consideraron crucial cuando aceptaron investigar este caso en febrero de 2007.

Estos puntos serán redactados y aclarados durante la elaboración de la versión final por escrito del dictamen, que también estará a cargo del Ministro José de Jesús Gudiño.

El dictamen será enviado a los titulares de la Policía Federal Preventiva (PFP), la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), la Procuraduría General de la República (PGR), así como al Congreso de la Unión y todos los gobiernos, Procuradurías y Legislaturas estatales, a fin de que tengan conocimiento de estos criterios, y se publicará en el Diario Oficial de la Federación y la Gaceta de Gobierno del Estado de México.

Cabe mencionar que los criterios de la Corte carecen de fuerza jurídica y las autoridades que recibirán el dictamen no estarán obligadas a dar respuesta a los mismos.

En los puntos centrales del caso, sólo Salvador Aguirre Anguiano afirmó que no hubo violación grave de garantías, mientras que una mayoría de ocho Ministros deslindó del caso a todos los altos funcionarios federales y del Estado de México señalados en el proyecto de Gudiño.

Ejidatarios de Atenco lamentan fallo de la Corte

Mientras se daba a conocer tal resolución, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco lamentaron la postura adoptada por los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al no señalar como responsables de los abusos que se cometieron el 3 y 4 de mayo del 2006 al gobernador Enrique Peña Nieto, y al actual procurador de la República, Eduardo Medina Mora.

Heriberto Salas Amat, uno de los líderes del FPDT, advirtió que la determinación “abre la puerta a la impunidad en México”, y se envía una señal a la sociedad de que cualquier gobernante puede reprimir a las organizaciones sociales sin recibir castigo.

Salas Amat criticó al sistema de justicia que existe en México que sólo protege intereses políticos y económicos, y puntualizó que resulta difícil que haya justicia en el país porque los Ministros, teniendo las pruebas de los abusos que se cometieron contra las mujeres, ancianos y niños el 3 y 4 de mayo, no señalaron a los culpables de la represión.

“Para la sociedad es claro quienes son los responsables de las violaciones a las garantías individuales que sufrieron los que estuvieron en los enfrentamientos y en la ocupación de la fuerza pública en San Salvador Atenco; Enrique Peña Nieto, Eduardo Medina Mora, Wilfredo Robledo, Nazario Gutiérrez y Miguel Ángel Yunes son los verdaderos culpables de los hechos violentos”, afirmó.

Consideró que los Ministros son juez y parte y que sólo se dedicaron a proteger a Peña Nieto, quien es uno de los presidenciables para el 2012, por lo que no pueden tocar intereses económicos y políticos.

Salas Amat anticipó que el FPDT, al no encontrar la justicia que esperaban en México, recurrirá a organismos internacionales para que conozcan cómo se trato el asunto en el país.

Incluso advirtió que las movilizaciones no pararán y que, por el contrario, aumentarán “porque el gobierno federal pretende reactivar el proyecto aeroportuario en la región de Texcoco, porque ya está comprando tierras a los ejidatarios de la zona y no permitiremos que se salga con la suya”.