Toluca, 23 de julio.- La LVI Legislatura del Estado de México reconoció que heredará a su sucesora una deuda histórica en materia de regulación se salarios, lo que da pie a los excesos salariales en los órganos denominados “autónomos”, como el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y el Tribunal Superior de Justicia de la entidad (TSJEM); empero, se justifica en la dificultad de restringir las percepciones de los servidores públicos.

Juana Bonilla, prosecretaria de la Comisión de Asuntos Electorales, reiteró que siempre ha señalado como onerosas las percepciones de los consejeros electorales (a razón de 125 mil brutos mensuales en el caso del presidente y de cien mil para los otros seis), y ahora con mayor razón las del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, José Castillo Ambriz, estimadas en 277 mil pesos al mes.

La perredista además admitió el fracaso del Consejo Consultivo de Valoración Salarial, organismo que les fue heredado de sus antecesores con el objetivo de frenar los salarios y bonos excesivos en el servicio público.

La inoperatividad de este Consejo, consideró, fundamentalmente obedece al hecho de que no se le dotó de “dientes” o de facultades para sancionar los desacatos.

Además, prosiguió, a que en tres años apenas alcanzó a proponer los tabuladores para ayuntamientos y Poder Legislativo, pero no realizó recomendaciones para los organismos públicos autónomos, ni para el Poder Judicial.

Desde su punto de vista, en la entidad aún existen instancias intocables, como el Poder Judicial, que se mantiene como una estructura cerrada y hermética, incluso en temas como las remuneraciones.

Lo ideal, desde su punto de vista, para frenar los abusos presupuestales, es el establecimiento de la Ley de Salarios Máximos y su aplicación a nivel estatal; en este entendido, explicó, el gobernador Enrique Peña estaría impedido para ganar más que el presidente Felipe Calderón, y el magistrado José Castillo Ambriz deberá percibir menos que el mandatario estatal.

Esta tarea, no obstante, advirtió, ya será un pendiente de la LVII Legislatura, debido a que a la actual sólo le resta un mes de vida.

Bonilla Jaime asumió que a los diputados actuales les faltó disposición para regular los salarios: “a la actual Legislatura le faltó fiscalización… Ha faltado voluntad… Esos temas se amarran en la Junta de Coordinación Política, pero nos metimos en asuntos mediáticos más que en los de mediano o largo plazo”.

Por su parte, el diputado priísta Pablo Nava, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, rechazó calificar como excesivos, justos o inferiores las percepciones de los integrantes del Consejo General del IEEM y del presidente del Poder Judicial de la entidad, bajo el argumento de que el tema administrativo o de los recursos públicos no es de su competencia o injerencia.

“No es mi ramo, no tengo opinión… Sería irresponsable de mi parte”, evadió.

-¿Existe reticencia del PRI para hablar sobre estos temas?

-No, al contrario, pero no conozco el tema- insistió.

Tras la insistencia, sólo reconoció la necesidad de realizar una revisión general de las percepciones para que el Consejo Consultivo de Valoración Salarial emita las consideraciones correspondientes.

También se negó a opinar sobre la necesidad de establecer la Ley de Salarios Máximos y Mínimos, arguyendo desconocimiento de la iniciativa.