Toluca, 28 de julio.- Desde su creación en 1996, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) se ha caracterizado por los escándalos protagonizados por sus presidentes, quienes han sido señalados por operar políticamente a favor del Partido Revolucionario Institucional o por beneficiarse económicamente con el cargo. Más que la ley, las circunstancias han obligado, de manera importante, la remoción de los consejeros en turno.

El primer Consejo General del IEEM fue presidido por Samuel Espejel Díaz González, actual presidente del Tribunal Electoral del Estado de México, quien impulsado en el cargo por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) incurrió en la tentación de sobrerrepresentar al tricolor con la asignación de ocho diputados plurinominales, decisión que fue corregida por el Tribunal Electoral del Estado de México.

También postulado por el tricolor, a Espejel Díaz González le siguió en la presidencia José María Sainz Gómez Salcedo, quien duró en su encargo apenas poco más de un año, pues renunció tres meses antes de los comicios por la gubernatura de 1999 arguyendo motivos de salud; sin embargo, aparejado estalló un escándalo que revelaba anomalías de la Contraloría Interna e incluso no se descarta que su salida haya tenido por objeto allanar el camino para el triunfo del priísta Arturo Montiel, debido a que María Luisa Farrera, su sucesora, era considerada entre el círculo cercano del ex mandatario.

La etapa de mayores reflectores para Farrera Paniagua fue proporcionada en 2003 por un “autoatentado” (calificado como tal por el entonces procurador Alfonso Navarrete Prida) que sufrió en el elevador que conduce del estacionamiento del IEEM a su oficina.

Sin embargo, panistas y perredistas atribuyeron la fabricación del incidente a la intensión de Farrera Paniagua de evadir la recriminación que le tenían preparada por agilizar la presentación de una denuncia penal en contra del entonces presidente Vicente Fox y contra su esposa Marta Sahagún por visitar en la víspera de la elección territorio estatal y con ello promocionar al Partido Acción Nacional pero, en contraste, detener las 90 denuncias entabladas durante el proceso en contra del PRI.

Algunas versiones entre los propios integrantes del Consejo incluso contemplaban la posibilidad de que las dos heridas recibidas por Farrera Paniagua fuesen parte de un “autogolpe” estatal para culpar al gobierno foxista.

La elección de 2003 representó al Partido Acción Nacional los mejores dividendos estatales en su historia, al grado de que para entonces logró alzarse con el derecho a postular al presidente del IEEM, encargo que guardó para José Juan Gómez Urbina; sin embargo, en marzo de 2005, a tres meses de la elección de gobernador, el Partido de la Revolución Democrática denunció que algunos integrantes de su Consejo habían incurrido en actos de corrupción para asignar a la empresa Cartonera Plástica el contrato más elevado en la historia estatal (por casi 64 millones de pesos) para la fabricación del material electoral.

Por estos hechos, la Legislatura local removió al Consejo General en pleno, a escasos dos meses de organizar los comicios para gobernador donde resultó electo el priísta Enrique Peña Nieto. El nuevo consejo electoral, también se caracterizó por el pago de cuotas partidistas representadas en la Cámara de Diputados local, responsable de nombra a las nuevas autoridades comiciales.

Para entonces, el PAN puso a la cabeza a José Núñez, cuya gestión se caracterizó, al decir del partido del sol azteca, por su temperamento inflexible; no obstante, Núñez Castañeda renunció, por su inconformidad con la reforma electoral de 2008, que contemplaba la creación de la figura del secretario general ejecutivo, que aglutinaba al secretario y al director general, que consideró le implicaría un contrapeso decisivo a la hora de tomar decisiones.

Entonces el albiceleste confió la presidencia a un panista de cepa, que incluso militaba en sus filas: Norberto Hernández, amigo personal del senador Ulises Ramírez, delegado estatal del PAN.

La escasa trayectoria de Hernández Bautista en el IEEM ha estado marcada por su “dejar hacer, dejar pasar”, como el mismo Ramírez Núñez le ha denominado; sus omisiones, entre otras cosas, facilitaron la presunta violación al Código Electoral del Estado de México por parte del gobernador Enrique Peña con su promoción durante todo el periodo de campañas, y se ganó la animadversión tanto del PAN como del PRD, al apoyar la asignación de 9 curules de representación proporcional a los aliados electorales del tricolor cuando correspondían a la oposición.

Como pago a los favores recibidos, cada consejero del IEEM (a excepción de Gómez Urbina, según lo asegura) fue finiquitado con una retribución al menos equivalente a tres meses de salario base más 20 días por cada año laborado en el IEEM, pero algunos otros, como José Bernardo García Cisneros, consiguieron bonos de marcha por hasta dos millones de pesos.